La Justicia puede equivocarse, como cualquier otro poder del Estado u organismo público. Como en todos lados, hay burocracia que complica su funcionamiento, malos sueldos y falta de recursos. Pero nada justifica que, a pesar de los problemas, no haya compromiso para cumplir con lo que cualquier sociedad necesita para convivir: funcionarios probos, honestos e íntegros que juzguen a quienes quebranten las leyes.
La corrupción política entiende mejor que nadie el juego de la Justicia. Los nombran en sus cargos y esperan protección. De las pocas cosas que sí parecen funcionar en el país es este eficiente esquema para que, en definitiva, ningún político termine preso por coimero.
El caso de Julio Chocolate Rigau aparenta ser uno de los tantos ejemplos de la impunidad. Hace 16 meses, al puntero político lo agarraron en la puerta de un banco con una bolsa llena de dinero sucio que había extraído de 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense.
La Justicia juntó las pruebas necesarias y suficientes para procesarlo por supuestamente integrar una asociación ilícita que se habría quedado con casi 700 millones de pesos de contratos truchos de personas que figuraban como trabajadores de los diputados provinciales pero que no iban nunca y nadie sabía qué tipo de tareas hacían. Incluso, alguno de ellos admitió que nunca supieron que eran empleados.
También procesó a los que serían sus supuestos jefes, Claudio Albini y su hijo Facundo. El primero fue subdirector de personal en La Legislatura. Facundo renovó una banca como concejal en la lista de Unión por la Patria y era el apoderado del Frente Renovador en la Provincia.
Cuando abrieron sus teléfonos, se encontraron con una montaña de diálogos entre ellos haciendo referencia al negocio aparentemente turbio que manejaban. Incluso también procesaron a los 48 dueños de las tarjetas de débito por estafa a la administración pública. Obvio, en todo este entramado de corrupción nadie supo o quiso descubrir son los jefes. A tal punto que tanto el puntero Chocolate Rigau como los Albini están acusados de ser partícipes pero no los líderes de la banda.
Como regalo de fin de año, un tribunal de la Sala 2 de Casación benefició a Chocolate con una domiciliaria. La decisión primero fue apelada por la Fiscalía pero, ante el primer rechazo, no se insistió con un recurso de queja porque, según argumentaron a Clarín, «no era factible y no iba a ser atendido».
Este lunes pasó lo mismo con padre e hijo Albini. El juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó sacarlos de la cárcel para que cumplan el encierro en sus casas. Un dato que sería hasta chistoso si no fuera dramático: tanto Chocolate como los Albini no pueden salir de Alcaidía Departamental porque no hay tobilleras electrónicas. Rigau ya tiene domiciliaria hace tres semanas y aún sigue en la misma penitenciaría.
¿Por qué el juez benefició a los Albini? Detrás de la polémica sentencia hay una pelea sorda pero que genera olas. El juez Atencio argumenta que con la decisión de Casación de darle domiciliaria a Chocolate no tenía chances de seguir manteniendo en la cárcel a los Albini. Y tanto los magistrados de Casación como el propio Atencio señalan el retraso de la fiscal Betina Lacki en cerrar la investigación y elevar a juicio el caso.
Entre los jueces no le encuentran demasiada explicación a la demora de Lacki, que ya pidió varias prórrogas para, según ella, seguir investigando. Incluso le adjudican una posible intención algo «marketinera» de mantenerse solicitada por los medios de comunicación.
Fuentes de la Fiscalía rechazan esas especulaciones «intencionadas». Lo que si ocurrió este lunes es que Lacki se enfureció cuando el juez Atencio otorgó la domiciliaria. Aseguran que no lo esperaba y que se sentía respaldada por el magistrado para extender la investigación. Hasta incluso la escucharon quejarse de haber pecado de ingenua.