Con el arranque de la gestión de Javier Milei hubo dos promesas de campaña que, de antemano, se sabía que traerían una fuerte polémica: terminar con los “piquetes” y acabar con “los intermediarios de los planes sociales”.
En ese sentido, el líder libertario y su equipo implementaron medidas que derivaron en diferentes denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y la distribución de los alimentos a comedores, así como presentaciones judiciales contra líderes sociales.
El primer eje de conflicto fue el denominado “protocolo antipiquetes”, una política implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para restringir las protestas en el espacio público.
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Aunque las autoridades informaron que se logró reducir significativamente los cortes de calles, las críticas de organismos sociales y de derechos humanos acusaron un “patrón de represión y criminalización de la protesta”.
Según Amnistía Internacional Argentina (AIA), más de mil personas resultaron heridas durante las manifestaciones, incluyendo trabajadores de prensa, mientras que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció la militarización del espacio público por un “uso desproporcionado de la fuerza”.
Paralelamente, las organizaciones denunciaron al Ministerio de Capital Humano por tener almacenados en galpones de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) unas seis toneladas de comida que no se habían distribuido, en un caso conocido como “escándalo de los alimentos”. La Justicia obligó a la cartera que conduce Sandra Pettovello que proceda a repartirlos y le pidió que mantenga las prestaciones alimentarias.
Al mismo tiempo, los abogados de ese ministerio hicieron una presentación ante la Justicia Federal contra organizaciones sociales por “comedores truchos” y facturas apócrifas, además de presuntos casos de extorsión contra beneficiarios de planes sociales. En ese marco, quedaron procesados distintos referentes emblemáticos, como Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández.
Como consecuencia, movilizaciones y piquetes dejaron de ocupar un lugar central tanto en las conversaciones de redes sociales como en las publicaciones de los medios. El interés por las marchas disminuyó un 70% y los piquetes registraron una caída del 96% en los entornos digitales, según Monitor Digital.
Hubo excepciones como el caso de las marchas a favor de las universidades públicas, y en contraposición se reportó una valoración más positiva con respecto a la protesta, con un 43% a favor y 57% en contra.
Uno de los pilares de la estrategia gubernamental para abordar las manifestaciones fue la implementación del protocolo antipiquetes. Esta medida, anunciada a pocos días del inicio de la presidencia de Milei, buscó restringir severamente el corte de calles y avenidas, apelando a un discurso de “recuperar el orden en el espacio público”.
Sin dudas la estrategia, en ese sentido, fue eficaz. “En la Ciudad de Buenos Aires bajamos los piquetes un 56%, mientras que a nivel país bajaron un 28%”, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a PERFIL. Una de las imágenes que más se repetían en los últimos años eran los cortes y acampes en la avenida 9 de Julio, una postal que durante el primer año de gestión libertaria no ocurrió.
Sin embargo, su implementación generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, gremios y organismos de derechos humanos, que denunciaron un aumento en los episodios de violencia policial y la criminalización de la protesta. “Es una política de persecución y de coartación de la libertad de expresión y del derecho a peticionar a las autoridades”, comentó en una entrevista Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, a Modo Fontevecchia.