La comunidad de San Agustín, en el departamento de Huila, vivió momentos de inquietud debido a las actividades de un hombre extranjero, identificado como Adrien Jean Gabriel, que presuntamente distribuía sustancias alucinógenas a menores de edad en la región.
De acuerdo con las autoridades, este hombre ingresó a territorio colombiano de manera irregular en 2019 y desde entonces no ha regresado a su país de origen, Francia.
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Según el Departamento de Policía de Huila, Adrien Jean Gabriel no tenía un empleo formal, ya que sus padres le enviaban dinero desde el extranjero para cubrir sus gastos. Sin embargo, su presencia en la comunidad comenzó a generar preocupación cuando se le acusó de comprar y compartir estupefacientes con menores, lo que llevó a las familias a presentar quejas y denuncias.
El Centro Facilitador de Servicios Migratorios del Huila y Caquetá, citado por el Diario del Huila, explicó que las autoridades locales enfrentaron dificultades para abordar esta problemática, que afectaba a la comunidad. A raíz de las denuncias, la entidad de control migratorio logró localizar a Adrien Jean Gabriel, iniciando así el proceso de “expulsión discrecional” del país.
“El proceso que se va a hacer es un proceso de expulsión discrecional, es decir todo queda a cargo del director de Migración Colombia, por lo anterior se expulsa del país y será llevado a París, Francia, donde será entregado”, expresó la entidad al diario citado.
Finalmente, este caso resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades para enfrentar situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los menores. La intervención de las entidades migratorias ha sido clave para dar respuesta a las preocupaciones de los habitantes de San Agustín, quienes buscan proteger a sus jóvenes de influencias negativas.
El Decreto 1067 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, establece los procedimientos para la deportación y expulsión de migrantes en Colombia. Este marco legal define las condiciones necesarias para que estas acciones puedan llevarse a cabo y especifica los recursos administrativos disponibles para cada caso, según Migración Colombia.
El artículo 2.2.1.13.2.2. de este decreto aborda situaciones excepcionales de expulsión, otorgando a Migración Colombia una facultad discrecional para decidir en estos casos. Esta disposición se caracteriza por su contenido abierto, lo que implica que no existe un control administrativo sobre las decisiones tomadas bajo esta norma.
De ese modo, el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o sus delegados, “podrán expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social (…). Contra la decisión de expulsión no proceden los recursos de la sede administrativa”.
Cabe resaltar que, los casos de explotación sexual a menores de edad por parte de extranjeros en Medellín han generado un impacto, por lo que las autoridades migratorias intensificaron las medidas de seguridad. Una de estas medidas fue la implementación de la plataforma Angel Watch, que tiene registros de individuos relacionados con crímenes de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes
Por eso, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, en 2024 se ha realizado un total de 756 inadmisiones en los filtros de migración del aeropuerto José María Córdova a raíz de alertas generadas por el sistema Angel Watch en los procesos de ingreso de extranjeros al país en la terminal área de Rionegro.
Además, el secretario Villa también reveló que, de esas 756 inadmisiones, 27 alertas han sido generadas específicamente por casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, la máxima autoridad en materia de Seguridad de Medellín también confirmó que gracias al trabajo conjunto de la administración distrital con la Interpol, Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se han realizado 56 expulsiones, 88 deportaciones y 1800 sanciones económicas a viajeros.