La Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo oficial que regula el mercado financiero, aprobó un régimen informativo especial para facilitar la privatización de empresas públicas.
Las compañías cuya venta ya fue aprobada por la Ley Bases y aquellas que en el futuro fueran a privatizarse tendrán un plazo de dos años para adaptarse a ciertas regulaciones que deben seguir las empresas en la presentación de sus balances.
A través de la Resolución General 1024/2024, la CNV fijó este régimen de información contable especial, de carácter transitorio, que busca flexibilizar y simplificar los requisitos para las empresas que quieran empezar a cotizar en Bolsa (régimen de oferta pública de acciones). La opción de que las empresas que se vayan a privatizar hagan una oferta pública de acciones es «una de las alternativas más idóneas para llevar a cabo este proceso (la privatización)».
El eje principal de la medida es facilitar el proceso de adaptación al régimen financiero, otorgando un plazo de dos años para que las entidades presenten sus estados contables bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Durante este período de transición, las empresas deberán presentar una reseña informativa simplificada, firmada por su representante legal.
Finalizado el período de transición, las empresas deberán cumplir íntegramente con las NIIF y adaptarse al régimen de oferta pública aplicable.
En la ley Bases, las empresas sujetas a privatización son la energética Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio e Intercargo. En tanto, sujetas a privatización y concesión están AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
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