Si bien no es nueva, la intención de cobrarles a los ciudadanos extranjeros la atención de salud que reciben en los hospitales públicos de nuestro país ha retomado impulso durante los últimos meses.
La difícil situación económica que atraviesan las provincias, responsables directas de sus sistemas sanitarios públicos, sumada a la constante demanda de muchos extranjeros que no residen formalmente ni a tiempo completo en la Argentina, de los que vienen de paseo o por “turismo médico”, resulta para la gran mayoría de esos centros una ecuación insostenible que deriva finalmente en la precarización de la atención para los propios ciudadanos que solventan con sus impuestos el sostenimiento del Estado. Es una verdad de Perogrullo en este caso que la “gratuidad” tiene sus costos.
El puntapié inicial lo dio la provincia de Salta, donde se dispuso prestar servicios a todos aquellos extranjeros que revistan en condición de residentes permanentes o temporarios. En cambio, se estableció que los transitorios o precarios “deberán solventar las erogaciones que la atención demande a través de un seguro de salud o, ante la falta de este, por sí mismos”. En el caso de emergencias médicas, se aclara que se los atenderá a todos por igual.
El gobernador de Salta adelantó que pidió a los legisladores nacionales de su provincia que impulsen en el Congreso un proyecto de ley para la Nación similar a la del régimen salteño, tendiente a garantizar que los extranjeros que no puedan acreditar residencia, empleo registrado y pago de impuestos en el país contribuyan económicamente con los servicios de salud pública
Recientemente se conoció el caso de una mujer oriunda de Bolivia que concurrió a un hospital de Orán para tener a su hijo. El médico que la atendió constató que no había una urgencia y que la mujer podía volver a su país –a media hora de viaje– para tener al bebé allí. Sin embargo, ante los síntomas de parto, la mujer, quien contaba con cédula boliviana y ningún papel que acreditara residencia en nuestro territorio, regresó al hospital salteño, donde finalmente tuvo a su hijo. Ante el reclamo del correspondiente pago, se negó a desembolsar el dinero, por lo que el hospital la demandó ante la Justicia.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó que pidió a los legisladores nacionales de su provincia que impulsen en el Congreso un proyecto de ley para la Nación similar a la del régimen salteño, tendiente a garantizar que los extranjeros que no puedan acreditar residencia, empleo registrado y pago de impuestos en el país contribuyan económicamente con los servicios de salud pública. Desde que la norma se aplica en Salta, las autoridades estiman una disminución de entre el 80 y el 90 por ciento de la demanda de atención a ciudadanos de otros países.
El caso salteño actuó como disparador para otros distritos que evalúan una salida similar. Mendoza, Santa Cruz, Corrientes y Neuquén avanzan con programas en ese sentido. En el distrito gobernado por Alfredo Cornejo se busca reformar el sistema sanitario para optimizar los recursos en beneficio de los ciudadanos locales respecto de quienes no residen en territorio provincial y concurren a los hospitales públicos para atenderse. Se trata mayoritariamente de ciudadanos chilenos y brasileños, aunque también venezolanos y paraguayos. Aunque la demanda de atención pública por parte de extranjeros es inferior en Mendoza respecto de la que recibe Salta, que limita con tres países, crece la preocupación por concentrar los recursos en los ciudadanos locales y en los extranjeros que puedan demostrar que residen en forma permanente. Los turistas, pasajeros en tránsito o conductores de transporte internacional deberán costear la prestación que reciban, al igual que aquellos que tienen una autorización precaria, mientras realizan el trámite de residencia final en el país.
Santa Cruz oficializó su decisión de cobrar a extranjeros no residentes o que estén en tránsito por la provincia
Santa Cruz oficializó la semana pasada su decisión de cobrar a extranjeros no residentes o que estén en tránsito por la provincia. No abarcará urgencias, sino internaciones e intervenciones programadas. Según datos de la cartera de Salud provincial, 1800 personas de otros países se atienden mensualmente en sus hospitales públicos: el 70% son residentes chilenos. El distrito comandado por Claudio Vidal apunta a cobrarles tarifas cuyo valor se ubicaría un 50% por encima de lo que establece el nomenclador del costo para el hospital público.
Legisladores neuquinos de Juntos por el Cambio, en tanto, presentaron un proyecto de ley para arancelar ese tipo de atención médica tanto a turistas y residentes transitorios como a precarios. Y en Corrientes se piensa en otra regulación de ese tipo.
Cabe destacar que en casos urgentes está previsto que todos los pacientes sean atendidos en hospitales públicos, pero, en algunos distritos, se considera realizar el respectivo reclamo de forma posterior, ya sea a la cobertura médica que corresponda o al propio paciente si carece de ella.
El sector de la salud viene padeciendo los graves efectos de la debacle económica. No obstante, ha mantenido su nivel de excelencia y las prestaciones a extranjeros sin limitarlas, incluso cuando muchos de esos pacientes vienen a la Argentina a procurarse desde costosísimos tratamientos de alta complejidad hasta cirugías estéticas
El sector de la salud, como tantos otros, viene padeciendo los graves efectos de la debacle económica, producto de años de pésimas gestiones de gobierno. No obstante, ha mantenido su nivel de excelencia y las prestaciones a extranjeros sin limitarlas, incluso cuando muchos de esos pacientes vienen a la Argentina a procurarse en nuestros hospitales desde costosísimos tratamientos de alta complejidad hasta cirugías estéticas que bien podrían realizar en sus países de origen.
Es hora de debatir este espinoso tema y adoptar una decisión acorde con su gravedad. Sería deseable también que se suscriban acuerdos de reciprocidad entre jurisdicciones. Han sido muchos ya los trágicos casos de argentinos que enfermaron y fueron abandonados a su suerte en países cuyos ciudadanos vienen a atenderse aquí sin que les represente costo alguno.
Cada vez más connacionales acuden a hospitales públicos. Precisamente, quienes más recurren a ellos son los que menos tienen. Con los elevados índices de pobreza que asuelan a nuestro país, se les debería asignar prioridad. No se trata de discriminar a nadie, sino de ser justos.
LA NACION