Cuotas de $7000 y multas por no marchar: detalles de las denuncias de los beneficiarios de los planes sociales

Desde que habilitó la línea 134, el Gobierno asegura que recibió miles de denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones a beneficiarios de los planes sociales. TN accedió a los documentos que el Ejecutivo presentó ante el Juzgado Federal N°8 sobre las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo, cuyo monto es de $78.000 por cada beneficiario.

De las más de 1900 denuncias de todas las provincias analizadas por este medio, el 90% relata amenazas por parte de los dirigentes de los movimientos sociales para que los beneficiarios vayan a marchar el día del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el 24 de enero.

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Los hechos señalados van desde la obligación de pagar cuotas de hasta 7 mil pesos a los punteros hasta multas por no ir a las marchas.

Los denunciantes también acusan a los punteros de otros delitos como la venta de mercadería que entrega el Estado en kioscos, la construcción de casas personales con materiales y en territorios que cede el Estado y el uso de beneficiarios para tareas domésticas en sus propiedades.

“A llorar al campito” y la lista semáforo

En uno de los casos a los que accedió TN, un beneficiario denunció que una de las delegadas de la cooperativa en la que trabaja -en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires- les exigió marchar bajo la amenaza de cobrarles una multa de $5000 más el aporte mensual.

“A las 9, Maitén y yo tomaremos lista. Compañeros, los que no van manden suplente y si no van pagarán $5000 más el aporte. Es hasta las 15 que nos volvemos. Cuando se queden sin los planes, a llorar al campito”, expresó la dirigenta en el chat presentado ante la Justicia.

Otro de los casos que recibió el juzgado es el de la lista semáforo de una agrupación bonaerense. Se trata de una planilla en la que marcan con verde a los beneficiarios que están al día con los pagos, en naranja a los que tienen algunos incumplimientos y en rojo a los que ya dieron de baja.

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Según relata la denunciante, los dirigentes de la organización amenazan con escrachar en redes sociales a los deudores de la cuota mensual -en este caso de $2000- y con dar de baja a los que se cambien las contraseñas de las aplicaciones Mi Argentina y ANSES.

En la planilla que recibió la Justicia se encuentran los nombres, apellidos, números de documento y claves de los usuarios que reciben las asignaciones mediante la organización junto con el color que les asignaron según su situación de pago y coincidencia de contraseñas.

“Solo plata en mano”, uso de beneficiarios para limpieza y comentarios en redes

En una de las amenazas presentadas, un dirigente le expresó a sus beneficiarios que no recibirá más aportes mensuales por transferencia porque cree que le envían comprobantes falsos.

“Vengo siguiendo a 6 personas que no pagan los aportes y hoy comprobé que vinieron y que dijeron que habían pagado por transferencia cuando no tienen fecha para corroborar. A partir de enero, no recibo más transferencia. Vienen con plata en mano”, manifestó.

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Uno de los casos excepcionales es el de una beneficiaria que pertenece al Movimiento Evita de la provincia de Santiago del Estero que denuncia a su referente por obligarla a realizar trabajos de limpieza en su casa particular, sumado al trabajo semanal en una huerta.

Otro acusa a sus dirigentes de no hacerlos trabajar y de exigirles únicamente que comenten y le den movimiento a las publicaciones en las redes sociales de la organización. Agrega que tienen prohibido expresar su orientación política en sus cuentas personales y que tienen miedo a sufrir represalias.

Aportes, un dirigente con un pasado de denuncias y la baja por no fiscalizar para Sergio Massa

En otro de los casos, una beneficiaria ligada a la agrupación Libres del Sur de la provincia de San Juan denunció que le bajaron el plan de categoría por no querer hacer campaña y fiscalizar por Sergio Massa. “Cobraba el nexo por la carga horaria y se me quitó a la mitad. Había que salir hacer campaña para Massa y me negué participar en la fiscalización en elecciones y movilizar para campaña”, manifestó.

“Hago un aporte de 2 mil pesos cada mes que piden y lo hago para que me entreguen la mercadería y no me corten el programa ya que es mi único ingreso. Soy mamá soltera, tengo 2 hijos y alquilo y es de gran ayuda este ingreso que quiero ganarme trabajando, pero no en esta organización”, agregó.

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“Nos piden el aporte todos los 5 de cada mes. ES OBLIGATORIO IR A LAS MARCHAS Y LLEVAR GENTE. No participé del paro y me dijeron que capaz cobre la mitad y se me caiga el programa solo por no asistir. ¿Cómo sigue este referente al mando después de todas las causas que tiene? Mis compañeras le tienen miedo disfrazado de respeto y distancia”, sentenció en su presentación.

Según pudo recolectar TN, el dirigente acusado tiene otras denuncias en la Justicia por estafa y perjuicio económico a los beneficiarios. La policía allanó uno de los locales de su organización y estuvo prófugo unos días. En su causa, hubo más de cuatro detenidos.

Otra es la situación de un dirigente de la ciudad de La Plata que fue acusado por varios beneficiarios de pedir aportes constantes y de bajar línea sobre lo que podían hacer en las vacaciones para no tener complicaciones con los planes.

“Compañeros, disculpen la hora. Me preguntaban mucho por el tema de viaje al exterior. Pueden ir a Paraguay tranquilos porque es un país limítrofe. Tampoco se van a ir de vacaciones de 1 a 2 meses porque ahí sí van a tener problemas hasta con las asignaciones”, expresó en el chat presentado ante la Justicia.

Quema de mercadería, construcción de propiedades con materiales del Estado y kioscos

Más allá de las denuncias sobre cuotas, multas y amenazas para ir a las marchas, los beneficiarios apuntan contra sus dirigentes por otros delitos. Uno de los casos a los que pudo acceder TN es el de un intendente de una localidad de Resistencia, Chaco, al que se lo acusa de quemar mercadería para presionar a los que perciben los planes a realizar los aportes.

También fue acusado de construirle una casa a su pareja, que es definida como puntera de la organización, con materiales y en un terreno que cede el Estado para la construcción de casas de personas en situación de vulnerabilidad. Además, el denunciante detalla que los obliga a comprar rifas mensuales.

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Otro de los usuarios denunció a tres referentes de la organización “La Poderosa” de la provincia de Tucumán por entregar solo 100 raciones de las 500 que recibe y de vender las 400 restantes en su negocio. “Cocinan una vez por semana, no hacen merienda y la mercadería no se la entregan a vecinos, la comercializa en su propio negocio”, detalló.

Varios empleados de una cooperativa de la ciudad de La Plata, que son beneficiarios del Potenciar Trabajo, acusaron a su delegado de obligarlos a armar bolsas grandes con la mercadería que reciben del Estado para luego venderlas. “Hay que comerciar mensualmente el total de 22 productos a 3500 pesos. Dos de estos productos son obligados a que sean comprados por los trabajadores”, expresó uno de ellos en su presentación.