La tensión entre el presidente Javier Milei y las provincias sumó un nuevo capítulo.Los gobernadores de Río Negro y de Neuquén enviaron cartas documento al Gobierno nacional por las concesiones hidroeléctricas. En una acción conjunta, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa afirmaron que los recursos naturales «son potestad de las provincias».
Según informó el gobierno rionegrino en un comunicado, el reclamo es en defensa de los recursos naturales de las provincias y «buscando establecer un claro precedente».
En ese sentido, explicó que el mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior «sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos«.
Por su parte, el gobierno neuquino también «envió carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia».
En ese marco, el mandatario neuquino se «refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados«.
Así, ambos gobiernos pidieron que «el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias».
Las notificaciones advierten que «cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia».
El comunicado puntualizó además «la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales».
De acuerdo a los gobernadores sureños, este pedido establece «un importante precedente en la relación entre el poder central y las provincias en materia de gestión de recursos naturales». Y concluyeron: «Evidencia la firme determinación de proteger intereses y ejercer autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad».
Ambos complejos hidroeléctricos fueron concesionados a privados en 1993 y a fin del año pasado llegaron a su final los contratos. Previo a esto, el ex ministro de Economía Sergio Massa definió una prórroga por 60 días como periodo de transición antes de otorgar las nuevas concesiones.
Los contratos vencidos fueron otorgados un año antes de la reforma de la Constitución Nacional que otorgó la potestad sobre los recursos naturales a los estados provinciales. Ahora, Neuquén y Río Negro quieren participar de las nuevas licitaciones.
Milei y el recorte a los gobernadores
Recientemente, el Gobierno anunció la decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público en todo el país. La medida incluye la eliminación «inmediata» del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas millonarias eran recibidas por las compañías de colectivos que operan fuera del AMBA.
A partir de ahora, según se anunció, la ayuda oficial se canalizará a través de SUBE y será exclusivamente para los beneficiarios de la tarifa social, que implica un descuento del 55%. En tanto, el problema radica en que algunas localidades no cuentan con ese sistema para efectuar el pago: hoy sólo está vigente en 60 ciudades.
Pero además indicó que a partir de ahora «se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)». En diciembre, el monto mensual girado a las provincia fue de $ 11.500 millones.
En la práctica, esta decisión del Gobierno de Milei le impone la necesidad de subir la tarifa de los colectivos a los gobernadores, con los que mantiene una tensa relación que se agravó tras el fracaso de la Ley Ómnibus. O, en su defecto, establecer subsidios con fondos propios.
El fracaso de la sesión en Diputados disparó la bronca de Milei. «La traición se paga cara», sostuvieron desde La Libertad Avanza en un mensaje oficial, luego de que debieran enviar el debate a comisión porque la votación de artículos clave se vio empantanada.
«La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios», reflejaba el mensaje publicado en la cuenta de X del partido oficialista.
DP