En el documento sobre la crisis de la deuda, Cristina Kirchner traza un recorrido de la deuda pública en la Argentina a partir del golpe militar de Jorge Rafael Videla y enumera tres crisis: la primera, entre 1976 y 1989, durante los años de la dictadura; la segunda, entre 1989 y 2001, bajo el menemismo y el estallido de la convertibilidad, y la tercera, surgida en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. No hay una referencia a lo que pasó con la deuda durante la gestión K y durante el gobierno de Alberto Fernández que, además, ratificó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.
Luego del estallido de la convertibilidad, a fines de 2001, entre otras razones por el default de la deuda, las dos décadas siguientes estuvieron marcadas por un incesante crecimiento del endeudamiento público. Y pese a las reestructuraciones y canjes que concretaron los distintos Gobiernos que se sucedieron, esa deuda fue llegando a niveles tales que volvieron a colocar a la Argentina en una situación de insolvencia, sin reservas en el Banco Central, con una inflación anual ascendente de tres dígitos y niveles de pobreza superiores al 45% de la población.
Tras la confiscación de los depósitos, la pesificación asimétrica, Boden 2012 y el canje de la deuda, a fines de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda pública sumaba U$S 154.270 milones.
En diciembre de 2015, Cristina Kirchner dejó el Gobierno con la deuda en US$ 240.665 millones, un incremento de US$ 80.635 millones, en medio de un ascendente proceso de fuga de capitales. Primero hubo una fuerte salida de capitales entre 2007 y 2011 y luego en 2014/2015. Y en diciembre de 2019, al final del gobierno de Mauricio Macri, la deuda trepó a US$ 323.065 millones, un aumento de otros US$ 82.400 millones.
Durante el Gobierno de Macri, desde 2018, Argentina tenía cerrado el acceso a los mercados internacionales de crédito. Macri intentó superar esa situación con el préstamo extraordinario del FMI. Pero en realidad agravó el endeudamiento porque ese crédito financió la salida y fuga de capitales – que se acentuó entre 2017 y 2019 – y porque el FMI es un acreedor privilegiado que no admite quitas y el mantenimiento del crédito está condicionado, entre otros objetivos, al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y cambiarias. Además, la tasa de interés que fue pagando la Argentina por ese préstamo fue en ascenso y hasta ahora ya se llevan pagados al FMI intereses por casi US$ 10.000 millones.
En noviembre , al final de mandato de Alberto Fernández, la deuda sumó US$ 425.294 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas.
Esta deuda bruta no incluye la del Banco Central ni la de las Provincias y Municipios.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, con el mercado internacional de crédito cerrado, creció la deuda en pesos, pero en en bonos y títulos pesos ajustables por inflación o por valor del dólar oficial.
Por la fuerte devaluación, en diciembre 2023 se redujo en dólares la deuda en pesos y el stock del endeudamiento bruto disminuyó de U$S 425.294 millones a U$S 370.664 millones.
Pero se espera que esta deuda vuelva a aumentar porque más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído en bonos CER ( que se ajustan por inflación) o dólar linked ( se ajustan por el tipo de cambio oficial), de acuerdo al Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Entonces, en estos primeros meses de 2024 el endeudamiento volverá a crecer por el traslado a esos bonos de la disparada inflacionaria de diciembre y la que se espera para enero ya que el ajuste de esos bonos en pesos opera con una cierta demora con relación a la propia devaluación del peso.