Imputan a más de mil empleados del gobernador de La Rioja por cobrar en forma ilegal planes sociales

La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, le solicitó al juez Daniel Herrera Piedrabuena que investigue a 1.060 personas que se desempeñaban en el gobierno provincial del dirigente K Ricardo Quintela y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.

Además, solicitó que fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y se investigue a los funcionarios provinciales y nacionales que les dieron ese beneficio en forma ilegal.

Sin perjuicio de ello, la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se profundice la investigación para individualizar a las y los funcionarios provinciales y nacionales que hubieren intervenido en la concesión de dichos beneficios, por la eventual violación de sus deberes de funcionario público.

Ello, por cuanto habrían infringido “la normativa que iimpide el otorgamiento del beneficio a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente” para evitar no solo “un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.

El requerimiento de la fiscal Miguel Carmona se da en el marco de un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada, desde el 8 de noviembre pasado, por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES).

Por su parte, el gobierno nacional ya dio de baja a 5 mil empleados del Estado que cobraban este beneficio.

En dicha pesquisa se “detectaron presuntas maniobras ilícitas por parte de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, quienes resultaron ser a la vez empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja, incumpliendo la normativa del referido Programa, ya que el mismo establece -entre otros requisitos- que los pretensos beneficiarios no pueden cumplir funciones en relación de dependencia, y si esa circunstancia aconteciera con posterioridad a su inclusión en el Programa, el mismo debería inmediatamente darse de baja”.

Así, de acuerdo a la investigación desplegada por la UFISES, se identificaron una serie de pagos que salían de las arcas del Estado para solventar el plan social a personas que no cumplían con los requisitos para percibirlo, lo que habría causado un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.

Ahora, en su presentación, la representante del Ministerio Público Fiscal en La Rioja solicitó al juez federal riojano que habilite la feria judicial, y cite a las 1.060 personas imputadas a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. Asimismo, requirió una serie de medidas de prueba y solicitó al juez que pida al Ministerio de Capital Humano de la Nación que, de manera urgente, suspenda los planes sociales involucrados.

Por otra parte, un fiscal federal salteño investiga a unos 200 empleados públicos salteños por el cobro irregular del plan social Potenciar Trabajo, en el marco de las actuaciones iniciadas por la UFISeS. Fuentes del Ministerio Público Federal en Salta informaron que a las actuaciones las dirige el titular del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el fiscal federal Ricardo Toranzos.

Las diligencias iniciaron el 26 de diciembre, dirigidas a verificar la situación de más de 200 empleados públicos de la provincia, quienes habrían percibido el beneficio económico dispuesto para dicho plan, dirigido a personas en estado de alta vulnerabilidad.

La investigación preliminar comenzó en virtud de las actuaciones de la UFISES, en torno al cobro irregular del plan social Potenciar Trabajo por parte de empleados públicos.

En el marco de la investigación, que se lleva adelante bajo la calificación de defraudación a la administración pública, ya se dispusieron varias medidas a fin de verificar las incompatibilidades entre los empleados que percibieron los pagos por dicho plan social.

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