El espionaje ilegal y la pregunta que desvela a la justicia: quién tiene las carpetas con los datos de los jueces que condenaron a Cristina?

La investigación sobre una supuesta red de espionaje ilegal, denunciada esta semana por el fiscal Gerardo Pollicita, comenzó con la hipótesis de la “posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”. En la justicia, entienden que el caso reviste de una gravedad institucional importante.

Aquella estructura delictiva funcionó con dos eslabones indispensables, Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de Misiones que admitió haber hackeado el celular de jueces federales que investigaron a Cristina Kirchner. La otra persona que fue determinante en estas tareas fue Ariel Zanchetta, el ex policía de Policía Federal que según determinó la fiscalía desde 2009 y hasta 2015 funcionó como un agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y desde entonces hasta su detención, en junio de este año, se dedicó a realizar tareas de inteligencia ilegal.

Cuando se analizaron 1.196 informes de inteligencia ilegal que Zanchetta tenía en su casa de la ciudad bonaerense de Junín, como los dispositivos electrónicos que le secuestraron a Nuñes Pinheiro, la justicia federal buscó la conexión entre ambos y una de sus primeras conclusiones fue que tuvieron un objetivo común: los jueces federales que investigaron a la vicepresidenta y los miembros de la Corte Suprema.

Esa red de espionaje ilegal fue más allá de los integrantes del Poder Judicial. Así lo dijo el fiscal Pollicita: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.

El avance de la investigación le permitió al fiscal establecer que la actividad de Zanchetta “no se limitó a recopilar la información necesaria para desapoderar a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos del control de sus líneas telefónicas y con ello invadir su privacidad —conociendo el historial de sus conversaciones, fotografías y demás información resguardada en aplicaciones de mensajería o redes sociales—”, sino que el expolicía federal acumulaba millones de datos sobre más de mil personas u «objetivos».

Borinsky y Hornos son los camaristas que en febrero de 2024 comenzarán a analizar la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, donde fue acusada de administración fraudulenta a seis años de prisión.

“Hay un punto de conexión entre los dos imputados que se dedicaron a tareas de sustitución de identidad, hackeo y -en el caso de Zanchetta- de acumulación, organización y sistematización de datos ilegales, y es un objetivo concreto: los magistrados que investigaron o condenaron a Cristina Kirchner”, explicó una fuente judicial a Clarín.

Otro de los aspectos sobre los cuales tiene certeza la justicia es que “se confeccionaron carpetas con información personal sobre los jueces. La gran incógnita es ¿en manos de quién o de quiénes están?”. Es lo que la causa busca develar: quién contrató mano de obra dedicada a la inteligencia ilegal requiriendo información sobre integrantes del Poder Judicial y con qué finalidad.

Los elementos digitales peritados por orden del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita evidenciaron que Ariel Zanchetta “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas”.

Esa información se sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia.

«Una gran cantidad de esos informes se ocupa de jueces federales y de los ministros de la Corte, el punto central es determinar quién los tiene en sus manos y quién los pidió«, indicó una fuente de la investigación.

Es que finalmente para la justicia tanto Zanchetta como Nuñes Pinheiro terminan siendo los autores materiales del espionaje ilegal, pero la justicia federal busca ir más allá y completar el cuadro completo, dando con los autores intelectuales de la maniobra. Esta semana, la fiscalía vinculó a Rodolfo Tahilade -diputado K impulsor del juicio político a la Corte- a Fabián «Conu» Rodríguez, dirigente de Máximo Kirchner, con al menos ciertos intercambios puntuales con Zanchetta.

“Para ello -el espía- accedió ilegítimamente a decenas de bases de datos, registró subrepticiamente reuniones o conversaciones bajo la modalidad de “cámaras ocultas” —algunas de ellas practicadas incluso sobre los mismos “blancos”— , indagó a través de una ‘red de informantes’ de distintas ubicaciones geográficas y diversos ámbitos, contó con información sobre equipos y herramientas informáticas para infiltrarse e interceptar comunicaciones”, dijo el fiscal Pollicita.

La investigación de esta red de espionaje ilegal que operó sobre diversas personas de trascendencia pública inició con las denuncias de los jueces federales Borinsky y Hornos, y también de ministros de la Corte Suprema, como Horacio Rosatti.

“Este objeto inicial de investigación no se diluye ante el extenso listado de espiados”, aclaran en la justicia.

Según el dictamen de Pollicita, a través del espionaje ilegal se obtuvieron “datos personales de los señores jueces de la Corte Suprema —Dres. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— de la Casación Federal —Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky—, de la Cámara Federal porteña —Dres. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— y otros jueces federales — Dres. Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak—, como así también del Dr. Silvio Robles —Director General ante la CSJN—, entre muchos otros”, explicó el fiscal Pollicita.

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