El derecho «es un instrumento de emancipación» de las mujeres, por lo que es necesario «un activismo judicial» para la modificación de las leyes, «adaptándolas a la nueva realidad social» donde «no se puede ser juez sin ser feminista», son algunas de las definiciones de la jueza española Lucía Avilés. que estuvo esta semana en Argentina, disertando en distintos foros, compartiendo su experiencia como magistrada y especialista en violencia de género.
Télam entrevistó a la jueza luego de su participación en foros en ciudad y provincia de Buenos Aires invitada por el área de Género del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata.
Dio una charla en el Instituto Gioja de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y en el congreso de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica en Santiago del Estero.
Avilés es titular, desde 2011, del Juzgado Penal Nº 2 de Mataró, en la comunidad autónoma de Cataluña.
Tiene un profuso currículum: es experta en violencia de género y realizó formaciones al respecto en el Parlamento Europeo, en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo General del Poder Judicial, en colegios de abogacía, fuerzas y cuerpos de seguridad, y en diversas universidades de España y de otros países, y es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de su país.
Una sus características es su buena relación con el periodismo lo que considera «un ejercicio muy sano de comunicación, porque hay muchos problemas que se plantean a nivel de la justicia que bien explicados y bien difundidos pueden tener un potencial bastante importante».
Y se nota su experiencia por su predisposición a la entrevista con esta agencia y la claridad de sus conceptos.
-Télam: ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que encuentra en relación a la inclusión del enfoque de género en la justicia de su país y de Argentina?
-Lucía Avilés: Mi estancia acá ha sido corta, pero en términos generales creo que hay similitudes en el sentido de que hay muchos cambios que se han ido produciendo como consecuencia de los cambios sociales. Ahí el movimiento feminista y la ciudadanía en general han ido un poco impulsando cambios legislativos. Lo que sí veo es que Argentina quizá está más adelantada en el panorama legislativo, por ejemplo, en materia de violencia económica que en España, recién ahora se está empezando a hablar, y pues aquí ya lo tenéis bastante adelantado.
Es un tema que le interesa particularmente a la jueza, ya que en 2021 solicitó al Gobierno tipificar la violencia económica como un tipo de violencia de género al considerar que sus efectos son «tanto o más nocivos» que los maltratos físicos implican un «empobrecimiento» de las mujeres con «impacto real» sobre su salud, y al mismo tiempo genera vulnerabilidades en sus hijos, una iniciativa que aún no se aprueba.
Argentina tiene tipificada la violencia económica y patrimonial en la ley 26485 de Protección integral a las mujeres desde el 2009.
«Los problemas que pude ver comparando la realidad de mi país y de Argentina son los mismos: la falta o la necesidad de implementación de la perspectiva de género en los operadores jurídicos, juezas y jueces, en la abogacía, en todos los que forman parte de la cadena de justicia; fallos judiciales que están faltos de perspectiva de género, y a la inversa veo también que poco a poco va viendo buques insignia que incluyen la perspectiva», continúa la magistrada.
Para ella el derecho «ha podido transformar a lo largo de la historia la vida de las mujeres. El derecho es un instrumento de emancipación de las mujeres. Viéndolo desde una actitud positiva, si bien queda mucho y hay retos importantes que tenemos aquí y allá, de una forma o de otra más o menos intensa, hemos avanzado también mucho. Creo que echando un poco la vista atrás y teniendo un poco de mirada histórico feminista es bueno ponerlo en valor también».
-T: ¿Por qué afirma que no se puede ser juez sin ser feminista?
-LA: Porque al final el feminismo es un discurso jurídico basado en la igualdad. En el ejercicio de nuestro oficio tenemos que tener como instrumentos básicos la objetividad y la imparcialidad. Qué mayor imparcialidad y objetividad que no tener prejuicios, estereotipos o clichés a la hora de impartir justicia, y no solo en las resoluciones judiciales, sino en el cómo entender todo el quehacer judicial, desde cómo se recibe a la víctima, cómo se investiga, cómo se enjuician determinados casos. Al final no solamente se nos exige a los jueces, es algo exigible a todos los que conforman la cadena de justicia. De lo que se trata es de determinar dónde están las asimetría, dónde está la desigualdad, compensarle y corregirla, El aplicar un sentido de género o el ver un hecho en toda su complejidad incluyendo todos los matices de género, la interseccionalidad, es algo que está ligado al derecho, a la tutela judicial efectiva.
-T: ¿Su postura feminista le trae problemas en el ejercicio de la magistratura?
-LA: No soy la única. Nos dimos a conocer como una resistencia judicial feminista con el supuesto de la violación grupal de Pamplona – se refiere a lo que mediáticamente mal se denominó ‘el caso de la manada’, donde cinco varones violaron a una joven en 2016 durante los festejos de San Fermín-. Como mujeres también nosotras nos sentimos interpeladas, porque sentíamos que realmente lo que estaba sucediendo era algo histórico, era importante y desde las instituciones también teníamos que actuar y pelear por ese cambio legislativo que finalmente ha tenido lugar, porque se calificaba como un abuso sexual, lo que todas entendíamos desde nuestra experiencia vital que era una agresión sexual. Nos sentimos valientes de dar un paso al frente, decir estamos aquí como mujeres, como juezas, desde la institución porque es importante que las mujeres también sepan que se puede practicar un activismo judicial para la modificación de las leyes y adaptarla a esa nueva realidad social.
-T: En Argentina se escuchan mensajes que niegan derechos, que niegan las desigualdades de género, algo que también se vive en España…
-LA: Está muy difícil la contranarrativa de la derecha que es bastante potente en España, y lo que está sucediendo es que se está negando la violencia de género, el nombre y la realidad. Muy grave. Nuestra ley contra la violencia de género es de 2004. La sociedad española fue valiente en reconocer el delito y se votó por unanimidad en el Parlamento. Ahora, años más tarde, resulta que hay algunos sectores que están negando esto con lo cual el pacto político que había en torno a esta cuestión, a este fenómeno delictivo, ya aparece como que se está deshaciendo y esto socialmente tiene consecuencias. Son mensajes vacíos sin argumentos jurídicos. Este ambiente negacionista repercute en las víctimas.
Y cierra la charla con una definiciòn: «Yo entiendo mi trabajo, y además lo necesito así, con un sentido social, compartiendo espacios con las personas más allá de los espacios jurídicos. También se trata de hacer una función pedagógica, criticar determinadas fallos judiciales, y todo entra dentro del juego democrático».