A Fernando Huanca (39) le dicen «Caniggia». Su nombre acaba de salir en la mayoría de los diarios locales. Seguramente no lo sepa porque se encuentra incomunicado desde que lo detuvieron en el Volkswagen Polo donde transportaba 83 kilos de cocaína. Vestía uniforme de la Policía. Fue en Embarcación, Salta, a mediados de junio.
Es de mañana en una de las salas de audiencias de los juzgados federales de Salta. Huanca, ex policía de la provincia, y remisero y albañil, según aseguró, está esposado, con zapatillas sin cordones y en silencio. Mira hacia el piso.
Minutos después ingresan su cuñado, Jorge «Pucho» Barrios, y la mujer de Huanca. Se sientan a su lado. Ellos también fueron detenidos y tienen pasado de policías. Juntos escuchan los detalles sobre el comienzo de la investigación que terminó con sus arrestos.
El 1° de diciembre pasado, Gendarmería había informado ante la Justicia sobre una nueva red de «acopio, transporte y distribución de estupefacientes«. Dos semanas después, los teléfonos de los investigados ya estaban intervenidos. Las tareas de campo sumaron más información como para comprender el funcionamiento de estas organizaciones, cuyo lema es: «No compramos ni vendemos droga: solo transportamos«.
Gracias al «servicio» que brindan, la cocaína llega a todas las provincias del país. Son «la logística» de los grandes grupos narco que operan en Argentina. Incluso de los que exportan cargamentos a Europa. Los transportistas más importantes son dueños de empresas logísticas legales. Cuentan con camiones y hacen viajes de todo tipo. De mercadería legal y de droga.
«Son capaces de conducir sin luces durante toda la noche, guiándose únicamente por la luz de la luna. Como toman caminos alternativos, deben tener experiencia en manejo en senderos, altiplanos, montañas y montes», afirma una de las fuentes consultadas. Otra acota: «Cada día es más común que se les pregunte a los jóvenes de Orán: ‘Amigo, ¿querés hacer un viaje?‘. Así comienzan en el negocio».
«Antes de salir transfieren el auto a nombre del conductor. El fin es evitar las sospechas de la Policía en los controles de ruta. Si todo sale bien, el chofer se queda con el auto en forma de pago. Muchos se arriesgan para acceder a un auto y ponerse a trabajar de remises», agrega una tercera persona. Aunque también están los que aseguran que los pagos son con droga y esa droga abastece a los búnkeres salteños.
«Son grupos que son contratados por narcotraficantes mayoristas», explica un investigador federal. En realidad, el narco salteño, que invierte en cocaína peruana que ingresa por Bolivia y necesita que su mercadería llegue a otra provincia, busca al líder de un grupo de transporte. En la jerga se los llama «Patrón«. Este recibirá el cargamento del narco y la dirección del destino final. También acordará el pago. Que puede ser de 300 dólares por kilo. Otras fuentes consultadas por Clarín afirmaron que también existe un precio fijo de mercado: 7 mil dólares por viaje, sin importar la cantidad de kilos a transportar.
Con el dinero y el destino final, «El Patrón» recluta su gente: un chapista o mecánico para hacer acondicionamiento o un doble fondo (también pueden ser instaladores de equipos de gas), un chofer para conducir el auto en el que se esconderá la droga, otro para el auto que va de «punta» advirtiendo sobre controles policiales y un tercero que va último, a modo de «custodia». El patrón les paga a todos. No existe líder de un grupo de transportistas sin flota propia de autos.
Los viajes de los «transportistas» tienen postas. Si la cocaína ingresa por la frontera de Aguas Blancas, se acopiará al ser trasladada a Orán. La distancia es de 50 kilómetros. A partir de allí la próxima parada es la capital de Salta. El viaje representa 280 kilómetros más de rutas. Son transportes «chicos». De 5 o 10 kilos; o de 20 como máximo. Aunque siempre hay excepciones.
La mercadería se acopia en Salta hasta que «El Patrón» decida que es hora de organizar el trayecto más grande e importante del viaje. Hasta el destino final. Y con muchos más kilos que el transporte anterior.
Los destinos comunes son Mendoza, Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Aunque en los últimos años se sumaron provincias del sur. Los contactos nacieron en las cárceles federales de todo el país: donde pueden convivir, en un mismo pabellón, narcotraficantes de la mayoría de nuestras provincias.
En un bar de Paseo Güemes, de Salta capital, un defensor oficial describe a los transportistas. O mejor dicho, a los choferes del grupo de transporte. Ellos suelen ser sus defendidos.
«La frontera es un lugar de reclutamiento. Los choferes muchas veces me comentaron que lo contactaron en ese lugar. Un hombre les encargó el cruce de mercadería ilegal de Bolivia a Argentina o al revés. Como bagayeros. Después de cinco o seis ‘trabajos’, y de ganarse la confianza, les preguntan si quieren ganar más y hacerse un viaje», dice.
El destino final de la mayoría de sus defendidos era Villa Celina, en La Matanza, sector conocido como «La pequeña Bolivia». Cuando llegan a la zona deben llamar a un contacto bonaerense, escucharán una dirección de una estación de servicio y allí entregarán el auto.
«El chapista» de Buenos Aires hará su trabajo y devolverá el auto a las horas, para que el chofer emprenda el regreso a Salta. Recién ahí recibirá su pago. Lo común, en estos tiempos, es que las personas que reciban el cargamento pertenezcan al mismo clan que compró la droga. Luego la venderán a distintos distribuidores, aumentando las ganancias, ya que un kilo de cocaína es mucho más caro en Buenos Aires que en Salta. La droga, como cualquier otro producto, se vuelve más cara por los gastos de logística. A más lejos de Bolivia, país de producción, más sube el precio.
«Creo que cada tanto ‘entregan’ un auto. Son arreglos que hacen los dueños de la carga con las fuerzas que hacen controles sobre las rutas», explica el defensor. Su sospecha se basa en lo poco preparados que están algunos choferes.
«No los ayudan con un relato. Cuando los paran y les preguntan hacia dónde van, los tipos responden a Buenos Aires. Pero no tienen cómo responder las repreguntas. O dicen que van a ‘un médico‘ y no saben la especialidad o el nombre del hospital».
Joaquín Vélez, abogado penalista particular, dice que todo pasa por la pureza de la droga secuestrada. Si es baja, es muy probable que se trate de un acuerdo entre narcos y fuerzas policiales. Si es del 80% para arriba, lo más probable es que se trate de una investigación con todas las de la ley.
En el caso de ser detenidos en soledad, los choferes serán imputados como «transporte simple«. La pena mínima es de 4 años. En caso de que sean tres o más, se los acusará de «transporte agravado«. Un delito cuya condena comienza en 6 años.
«Una de las indicaciones que reciben es la de llevar una acompañante y sostener, ante un eventual interrogatorio de control, que son pareja y viajan por turismo», acota el defensor. Y culmina: «El sistema tiende solo a detener a esta gente. A lo sumo llegan a los que acompañaban al chofer en otros autos. Pero nunca a los dueños de la carga».
Todavía en la sala de audiencias, Huanca y los hermanos Barrios se niegan a declarar. Los investigadores los escucharon durante seis meses. Y en esas llamadas se enteraron de que el 15 de junio, a las 4 de la mañana, iban a salir a la ruta. Lo hicieron desde Salvador Mazza en sentido hacia Pichanal. En uno de los controles, cerca de las 13:50, «Caniggia» recibió la orden de uno de los gendarmes y emprendió una maniobra para estacionar. Pero todo lo contrario: aceleró y se dio a la fuga.
Un grupo de gendarmes, en varios móviles, inició la persecución. «Caniggia» iba solo. O mejor dicho, con los 83 kilos de cocaína que transportaba. Llegó a sacarles ventaja. Los choferes siempre tuvieron fama de buenos pilotos. Para pararlo, tuvieron que dispararle a una de las cubiertas del Polo. Recién ahí lo alcanzaron. Pero «Caniggia», como en las mejores épocas del delantero de River, picó e intentó escapar a pie. Atrás suyo venía «Pucho», su cuñado. Lo detuvieron en una Chevrolet Captiva. Llevaba 526 mil pesos. Su hermana sería detenida en un allanamiento. Fue la única que no terminó en la cárcel. Recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mamá de niños chicos.
Durante una semana Clarín recorrió Aguas Blancas y Salvador Mazza, las dos zonas «calientes» de la frontera con Bolivia. Rápidamente comprobó lo fácil que es cruzar al país vecino sin dejar registro en Aduanas. En Aguas Blancas, mediante una embarcación que cobra 300 pesos por persona. El trayecto dura 3 o 4 minutos. El movimiento es constante. En Salvador Mazza lo mejor es cruzar a pie. Los camioneros padecen «peajes invisibles»: personas que se paran en esquinas y les cobran para poder continuar viaje.
Ya sobre las rutas, a pocos cientos de metros de los cruces de frontera, hay varios controles de Gendarmería. La secuencia es muy parecida en cada uno de los puestos. «¿De dónde vienen?», «¿hacia dónde van?», «¿motivo del viaje?», son algunas de las preguntas a responder. «Ellos-por los transportistas-están acostumbrados a poder mantener conversaciones con la Policía en los controles policiales como si fueran automovilistas comunes. Es como si ejercitaran la tranquilidad«, dice un investigador con más de 20 años de experiencia de seguimientos a narcos y transportistas del norte.
Y agrega un dato a tener en cuenta: «Cuando les intervenimos las líneas y los escuchamos nos damos cuenta de lo que representan esos controles. Tenés que escucharlos cómo festejan cuando llegan a Salta capital. Llaman eufóricos a sus jefes o familiares. Sienten que desde el sur de Salta hacia la provincia a la que deban llegar todo es mucho más fácil».
En el viaje a Salvador Mazza, Clarín fue testigo de un corte de ruta, sobre la 34. Cerca de 30 o 40 personas se manifestaron durante dos horas. Adrián Zigarán es el interventor de Salvador Mazza. Asumió luego de que el ex intendente, Rubén Méndez, sea imputado junto a otras 11 personas por delitos vinculados con la corrupción, como el enriquecimiento ilícito y el peculado.
Según sus cálculos, en 4 años hubo más de 1.500 cortes de rutas. «Cuando se libera un corte, Gendarmería levanta los dos o tres controles más cercanos. Es entendible: es imposible parar a automovilistas que estuvieron horas sin poder avanzar. Yo siempre relacioné las marchas con el tema de las drogas. Conozco la mecánica y me la paso pidiéndole a los fiscales federales que investiguen. Pero hasta el momento no hay un solo imputado», dice en su oficina.
Adrián Zigarán describe a su ciudad como «pueblo de frontera». Dice que «hay que cuadruplicar los controles». «Más que controlar Rosario, o Buenos Aires, o la ciudad que se les ocurra, yo reforzaría acá, que es la entrada de la droga. Como vecinos, no convivimos con la droga. Porque pasa por acá, pero no se queda. Los transportistas van a seguir pasando porque día a día piensan cómo perfeccionarse. Son una contra inteligencia constante».
Los transportistas, a partir del sur de Salta, ya tienen varias opciones de rutas. Se mueven más tranquilos. Es muy difícil reconocerlos en la ruta. Puede que sean los que nos ponen un guiño para avisarnos que van a pasar al auto de adelante. O los de la pieza de al lado del hotel en el que dormimos. O los del auto del surtidor de al lado de las estaciones de servicio de ruta donde cargamos combustible o tomamos café. O los de la mesa de atrás de cualquier parrilla de campo. Como dice Darín, o su personaje «Marcos», en la película 9 reinas: «Están ahí, pero no los ves, están, pero no están, porque están ahí, van a estar siempre ahí».
Solo los vemos cuando los detienen y Gendarmería u otra fuerza policial difunde imágenes de los cargamentos ocultos en camiones o autos y de los transportistas esposados. Como le pasó a «Caniggia». Los medios los presentarán como «narcos», pero si fuese por ellos, dirían que no. Que «no compran ni venden: solo transportan».
Salta. Enviado Especial
EMJ