El juicio penal contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, su esposa, dos de sus hijos y otros 29 acusados, entró esta semana en la etapa de indagatorias. Entre los primeros en declarar en la sede judicial mendocina, está el propio magistrado quien deberá responder a las acusaciones en su contra como supuesto líder de una banda que pedía coimas a cambio de beneficios procesales a contrabandistas y narcotraficantes.
«Voy a declarar hecho por hecho. Sobre todos los hechos», dijo Bento. el jueves, cuando tuvo que pasar al banquillo de los acusados para ratificar sus datos filiatorios ante el tribunal.
Bento está imputado por los delitos de «cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio».
Este viernes, Gretel Diamante, la presidenta del Tribunal Oral Federal 2, le confirmó casi al cierre de la audiencia que cuando reanude el juicio, el próximo 6 de septiembre, a las 9 de la mañana, el primero en declarar es Walter Bento.
En paralelo, el magistrado que durante 18 años estuvo al frente del Juzgado federal 1 de Mendoza y era el juez con competencia electoral, tiene que afrontar el juicio político ante el Consejo de la Magistratura, que podría llevarlo a la cárcel antes de ser condenado.
Como adelantó Clarín, el jury contra el juez federal de Mendoza comenzará el 25 de septiembre y la sentencia tendrá que estar emitida antes del 27 de noviembre.
Si el jurado llegara a encontrar culpable a Bento se lo destituirá, le retirarán los fueros y deberán ser detenido para cumplir prisión preventiva por el juicio oral penal que en julio comenzó contra el magistrado en Mendoza. Hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención.
Revés para la defensa
El juicio penal en Mendoza lleva 9 audiencias. Se realiza semana por medio y tres días por semana, debido a que dos de las juezas, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, deben viajar desde San Luis, y Eliana Rattá, desde San Juan. Fueron las únicas magistradas no inhibidas por tener algún grado relación con Bento.
El jueves finalizó la etapa de planteos incidentales de los abogados defensores. Pedían que no se citaran a nuevos testigos y, en el caso de Mariano Fragueiro Frías, el defensor de Bento, que el juicio se divida en dos partes para que la acusación por enriquecimiento ilícito contra la familia Bento se realice después.
El tribunal rechazó todos los pedidos de nulidad de los defensores. Y dispuso tomar de manera presencial los datos personales de los procesados, para avanzar con las declaraciones indagatorias.
Las juezas dispusieron que el llamado a indagatoria sea por orden alfabético, a menos que alguno de los acusados prefiera declarar en otro momento del megajuicio.
Este viernes, el primero en declarar fue el abogado Luis Francisco «Chato» Álvarez (45), acusado de integrar la trama de supuestos nexos entre el juez y sus cómplices para conseguir favores carcelarios a cambio de coimas.
Álvarez, que está procesado por asociación ilícita en carácter de miembro, cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos y abuso de autoridad en calidad de partícipe primario por un hecho, negó todas las acusaciones y pidió su excarcelación.
«No tuve relación con la supuesta banda”, dijo el abogado. Y contó que conoció al Juez Bento y al despachante de Aduana asesinado Diego Aliaga, en el barrio privado Palmares, cuando se instaló con su familia en Mendoza, durante 2017, luego de sufrir un episodio de inseguridad en Buenos Aires.
“Me arrepiento todos los días de mi vida de venir a vivir a Mendoza”, argumentó. Dijo que solo tuvo contacto esporádicos con el juez y pidió al tribunal tener en cuenta las fechas de lo que se le acusa porque supuestamente no coinciden con el tiempo que lleva en la provincia.
El fiscal Dante Vega, sostiene en la acusación que esta asociación ilícita, liderada supuestamente por Bento, tenía como organizadores al despachante Aliaga (con quien el juez intercambió cientos de mensajes en Telegram) y a los abogados Luciano Ortego, Jaime Alba, Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti. También están acusados al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y el procesado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, luego de la imputación o detención de la persona, la banda tomaba contacto con los imputados, muchas veces, conseguía apartar a los abogados que llevaban la causa y asumir la defensa para conseguir el dictado de la falta mérito para el otorgamiento de la libertad, recalificación de la situación legal, o la morigeración de la pena.
«La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles-como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio procesal ilícito», de acuerdo a la acusación.
En el caso de Álvarez, se lo acusa de que su defendido Martínez Pinto le pagó con la venta de tres propiedades que fueron para la banda, “a cambio del beneficio de la prisión domiciliara que el Juez Bento le concedió irregularmente”.
El abogado procesado negó que haya sido para pagar favores procesales, dijo que esos bienes fueron al pago de honorarios profesionales por su actuación como defensor en la causa por contrabando.