El máximo tribunal del país admitió la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de fondos coparticipables, lo que abre un nuevo frente judicial para el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió intervenir en un conflicto que involucra la coparticipación federal. El pasado jueves 7 de mayo, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal aceptó la competencia para tratar la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional, en reclamo de fondos que la provincia considera que le corresponden.
La decisión no solo valida la vía judicial elegida por el distrito pampeano, sino que también activa un mecanismo de resolución de conflictos de alto impacto fiscal, en un contexto de baja recaudación y tensiones internas en la administración nacional.
La demanda, encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, se centra en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand, La Pampa solicita que el 1% de los fondos que integran esa masa de recursos sea distribuido de manera diaria y automática entre todas las jurisdicciones del país.
El argumento central es la eliminación de la discrecionalidad. Al tratarse de fondos de coparticipación, la provincia sostiene que su envío no debería depender de la voluntad política del Ejecutivo Nacional, sino de un sistema reglado que garantice previsibilidad financiera a las provincias. La discusión involucra sumas que superan varios miles de millones de pesos, esenciales para el financiamiento de políticas públicas locales.
Tras aceptar el caso bajo el artículo 117 de la Constitución Nacional, la Corte ordenó “correr traslado” al Estado Nacional. Esto significa que la administración de Javier Milei cuenta con un plazo de 60 días para presentar su defensa y responder formalmente a los cargos.
La disputa de La Pampa contra el Estado Nacional abre una ventana de posibles resoluciones a una serie de reclamos de distintas provincias por los métodos y retrasos del Gobierno en la distribución de fondos coparticipables. La decisión suma un nuevo frente para la Casa Rosada.