Bienes personales: reducen la base de contribuyentes y aplican fuerte rebaja en las alícuotas

Entre las ocho medidas que contempla el nuevo paquete fiscal, el Gobierno incluyó una fuerte rebaja en Bienes Personales. Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto, una disminución en las alícuotas y además se da la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, una iniciativa con la que se busca anticipar el ingreso de recaudación y así cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario en 2024.

Según el proyecto enviado por el Ejecutivo a gobernadores y legisladores, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Pero además estos importes no se desactualizarán porque se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC.

Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75% previsto en el proyecto de diciembre y de los mínimos en años previos.

Desde su creación en 1991, el impuesto fue prorrogado por nueve períodos y la última vez hasta el año 2027. En general, las alícuotas se mantuvieron entre el 0,5% y 1,25% hasta que la gestión de Alberto Fernández lo elevó al 2,25% para bienes del exterior, lo que hizo que su recaudación sea equivalente al 0,76% del PBI en 2020, mientras que la recaudación promedio previa no superaba el 0,3% del PBI, según el estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc.

En tercer lugar, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de 5 años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028. En el caso de los contribuyentes que ingresen bienes al «blanqueo», la tasa será del 0,5%. Así, los primeros pagarán 2,25% por los cinco años y los segundos, 2% por cuatro años.

El anticipo no requerirá presentar declaraciones juradas y habilitará la estabilidad fiscal hasta 2038 de Bienes Personales y de todo otro tributo nacional que grave cualquier activo. No obstante, «dado que esta reforma se establece por ley, nada quita que en el futuro el Congreso decida derogarla e incremente la carga en el impuesto patrimonial, como sucedió con Alberto Fernández», señaló Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding.

Por otra parte, los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones entre el 2020 y 2022 y no adhieran al «blanqueo», tendrán una reducción por 5 años (2023 al 2027) del 0,25% en la alícuota.

La rebaja en Bienes Personales va de la mano del «blanqueo» previsto en el paquete fiscal, que contempla el pago de una alícuota del 0% del impuesto especial para quienes regularicen más de US$ 100.000 y los dejen en el sistema financiero. Al igual que Mauricio Macri, la reforma del impuesto de Javier Milei apunta a incentivar la repatriación de capitales que evadieron impuestos para así aliviar las reservas y mejorar la recaudación.

Por la recesión, la recaudación del primer trimestre fue la más baja en una década. Para lograr el superavit fiscal, el Gobierno ajustó fuertemente el gasto y ahora busca subir impuestos (Ganancias y Monotributo) y recomponer recursos (Moratoria, Bienes Personales y Blanqueo). «Buscan primero tener un volumen de ingresos que hoy no tienen, fijate la moratoria y con Bienes Personales, también», dijo Martín Caranta, socio de Lisicki Litvin & Asociados.

Así, según el especialista, los cambios en Bienes Personales apuntan a: 1) generar dinero hoy con el anticipo de pagos, 2) hacer más atractivo el blanqueo con una rebaja del impuesto, o que este no sea un obstáculo, y 3) evitar que los futuros contribuyentes se vean tentados a irse a otra juridificación, con la reducción de las alícuotas. De conjunto, las medidas fiscales podrían aportar 1% del PBI, lo que equivale a unos US$ 5.000 millones.

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