Gas: el aumento de tarifas es de 350% promedio, pero supera el 600% para algunos usuarios

El Gobierno oficializó este miércoles el aumento de las tarifas de gas natural por red a los hogares, comercios, industrias y otros usuarios no domiciliarios. Así, dio otro paso en la quita de subsidios, que es una parte central del ajuste fiscal que ejecuta Javier Milei y pide el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La suba, según fuentes del sector privado, es de un 350% en promedio para los residenciales y supera el 600% para el resto de usuarios. Desde mayo, habrá otros ajustes adicionales para los hogares de altos ingresos y el resto de usuarios no residenciales, y también una indexación mensual de una porción de las tarifas, por lo que habrá aumentos todos los meses para toda clase de clientes conectados a la red.

Al hablar de promedios, las cifras esconden impactos mucho más altos en las facturas finales de algunas categorías de usuarios. Consultadas fuentes de las distribuidoras, ninguna se atrevía a dar números en concreto, mientras que el Gobierno no respondió ante las numerosas preguntas de este diario el fin de semana.

Durante el día, las consultoras estarán corriendo cálculos para precisar los incrementos para cada tipo de clientes. En el peronismo advirtieron incluso antes de ver el impacto final, solo cuando observaron la suba del precio del gas, que «es criminal el ajuste; Mauricio Macri es el rey de la justicia social al lado de esto».

Vale recordar que desde abril de 2019 las tarifas energéticas se habían mantenido sistemáticamente por debajo de la evolución de la inflación acumulada.

Por qué el aumento del gas y la quita de subsidios

Como anticipó Clarín la semana pasada, el aumento del gas se compone de dos conjuntos de ajustes: el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, «en boca de pozo» o mayorista), por el cual se canalizan los subsidios del Estado nacional, y las actualizaciones de las tarifas que cobran las empresas de transporte y distribución de gas. Todo eso, junto a los impuestos, conforma la boleta final.

A la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía, publicada la semana pasada, se suman hoy las resoluciones 112 a 123 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Esas normativas establecen un nuevo precio del gas que se traslada a las tarifas y la remuneración que cobrarán las empresas reguladas.

La decisión del Gobierno fue subir muy fuerte los cargos fijos y reformular el sistema tarifario. Las compañías justifican que sus costos principales (salarios, mantenimientos e impuestos) se mantienen estables a lo largo del año y no varían según el consumo de sus usuarios.

De esta manera, habrá una tarifa plana en todo el año, sin grandes variaciones entre invierno y verano. En los meses más fríos del año, los hogares consumen 5 veces más que en los calurosos. Al pagar tarifas similares en todo el año, critican algunos expertos -y por eso no se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri-, no hay una señal de precios que refleje la escasez relativa del bien (el gas) que incentive a un uso eficiente de los recursos energéticos.

Otra novedad saliente es que, al igual que con otros servicios públicos como la luz, las empresas (Transportadora de Gas del Norte -TGN-, Transportadora de Gas del Sur -TGS-, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Gasnor, Gas NEA, Litoral Gas y la subdistribuidora Redengas) tendrán a partir de mayo sus tarifas indexadas a la evolución de los salarios, la inflación mayorista y el costo de la construcción.

A cambio, estas firmas estarán obligadas a destinar inversiones por al menos $ 121.210 millones (a precios constantes de este mes) en lo que resta del año, una cifra cercana a los 120 millones de dólares para mejorar la calidad del servicio y mantener la seguridad y confiabilidad del suministro.

Para una buena extensión del país, se mantiene el beneficio de los descuentos por «zona fría» de entre el 30% y 50% sobre el precio del gas, algo que quiso eliminar el Gobierno en la «ley ómnibus» de enero y que hasta ahora dejó intacta en la nueva versión del proyecto de «ley de Bases».

En lo fiscal, el Gobierno tiene el objetivo de bajar en 0,5 puntos porcentuales los subsidios energéticos, del equivalente a 1,6% sobre el Producto Bruto Interno (PIB) al 1,1%. Para eso también implementó fuertes subas en la energía eléctrica y eliminó la ayuda del Estado por completo a hogares de altos ingresos, pequeños comercios, industrias, edificios, hospitales, clubes, escuelas y otros usuarios no domiciliarios.

La Canasta Básica Energética (CBE), que rediseñará el esquema de subsidios, sigue en estudio, y algunas fuentes indican que su implementación podría demorar dos meses más que lo previsto: de mayo se correría hasta julio.

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SN

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