Sentencia en contra en la Justicia de Estados Unidos y riesgos de embargo: hay una solución razonable para el caso de YPF

La sentencia de la Jueza de Nueva York Loretta Preska -en caso de confirmarse en las instancias de apelación- no es una espada de Damocles que pesará sobre Argentina de modo irremediable y catastrófico. Hay alternativas razonables y justas, sujetas a la capacidad de pago que tenga la República para honrar todos sus compromisos de un modo uniforme.

Argentina tampoco debería estar sujeta a una medida cautelar como la librada bajo la cláusula de pari passu que le impida pagar sus bonos internacionales. Esa sentencia fue un caso excepcional. La solicitaron bonistas en base a los términos y condiciones específicos de sus bonos en el marco del repudio de la deuda externa establecido en la llamada ley cerrojo de 2005. Esa ley fue la clave para perder el juicio, tan catastrófica como innecesaria. Los demandantes en este caso contra Argentina basan su reclamo en sus derechos bajo el estatuto social de YPF que no tiene un cláusula de pari passu.

En la edición de Clarín del 11 de enero se explica con suma claridad bajo qué condiciones pueden realizarse embargos en contra del país. Estas son más limitadas que las previstas en circunstancias en las cuales se ha renunciado a la inmunidad soberana bajo la Ley Federal de Inmunidad de Estados Unidos de 1976 como ocurre en sus bonos bajo la ley de Nueva York. La Provincia de Buenos Aires hizo dos exitosas reestructuraciones de su deuda internacional en 2006 y 2021. Algunos bonistas decidieron no participar de los canjes y litigar. Ninguno logró embargar activos provinciales estando ya la mayoría de los casos prescriptos. Las autoridades de la Provincia siempre se mostraron respetuosas para resolver sus pasivos de un modo equitativo para todas las partes y el Juez Thomas Griesa en apoyo al canje de 2006 nunca otorgó a los bonistas medidas cautelares similares a las del pari passu ni permitió ataques a sus emisiones de bonos.

Argentina puede enfrentar un gran cantidad de acciones legales en sede judicial y arbitral por un monto reclamado muy superior a este caso (incluyendo acciones existentes y que se podrán iniciar alegando la intervención arbitraria del Estado en la economía violando tratados bilaterales de inversión). El país no tiene un mecanismo ordenado, transparente y definitivo para solucionar todos estos pasivos en situación de crisis. En 2010, el Senador Federico Pinedo nos pidió una ley en tal sentido la cual fue introducida al Congreso de la Nación pero nunca fue tratada en el recinto.

En el Imperio Romano los deudores eran vendidos como esclavos para pagar sus deudas. En las legislaciones de quiebras modernas las personas humanas reestructuran sus deudas y continúan con sus vidas, cobrando sueldos y dando una solución definitiva a sus problemas financieros. En 1995 se superó por primera vez el millón de pedidos de protección bajo la ley quiebras de EE.UU. para personas humanas, siendo la enorme mayoría situaciones donde el deudor no tenía activos y se los liberaba completamente de sus obligaciones financieras preexistentes. En los últimos 20 años entre 400.000 y 2 millones de personas humanas pidieron la protección de la ley de quiebras en EE.UU. por año.

Ese principio se aplica también a los municipios. Detroit es el caso más reciente y notorio. La ciudad de Nueva York estuvo a un día de pedir la protección de la ley de quiebras en 1975 y muchos analistas no descartan que en breve se encuentre en una situación similar. Al igual que en el caso de las personas humanas, y a diferencia de las personas jurídicas, los municipios no van a remate. Se aplica una solución razonable en base a la capacidad de pago dando un trato equitativo a todos los acreedores que están en la misma situación.

El caso más notorio es el de Puerto Rico, un territorio dentro de EE.UU. sin soberanía propia, que no podía enfrentar sus pasivos a tiempo y tenía 45% de su población debajo de la línea de la pobreza. En 1984 el Congreso de EE.UU. declaró que Puerto Rico no podía ampararse en la ley de quiebras que protege a municipios insolventes. En 2015 el Gobierno de la isla creo una ley de quiebras para sus empresas públicas pero la Corte Suprema la declararó inválida. Finalmente, el Congreso de EE.UU. sancionó en 2016 una la ley creando un mecanismo de protección similar a una proceso concursal para este territorio. Francia, el Reino Unido y Bélgica han promulgado leyes de protección para Estados en determinadas circunstancias. El Estado de Nueva York está considerando tres anteproyectos de ley para dar trato concursal a las deudas soberanas emitidas bajo sus leyes. Pero ninguno de estos proyectos es suficiente para el trato integral de todos los pasivos soberanos por contingencias litigiosas de nuestro país.

Argentina debería emitir una ley, cuidando de tomar las medidas legales y procesales adecuadas para maximizar las posibilidades de obtener una aceptación en tribunales internacionales, creando un camino que ponga una solución ordenada, razonable, trasparente y definitiva a todos sus conflictos existentes o futuros por causas preexistentes en base a su razonable capacidad de pago.

El autor es Abogado. Jefe Regional de Asia con Latinoamérica. DLA Piper.

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