Una trampa burocrática deja a miles de personas sin obra social ni hospital público

En los últimos años la cantidad de monotributistas no paró de crecer aceleradamente en el país, al punto que la cifra se aproxima a los tres millones. Como se sabe, la persona que se adhiere al monotributo debe elegir una obra social y si no lo hace se le asigna por default. El problema empieza después, cuando esos potenciales pacientes requieren las prestaciones médicas.

Expertos consultados por Clarín coincidieron en que estos ciudadanos se encuentran hoy en una especie de limbo burocrático que les cuesta superar. Así, el adecuado acceso a la salud termina siendo para ellos una deuda. El mega DNU del Gobierno, que legisló en temas de salud, no se metió en este problema de financiamiento, que es uno de los principales que atraviesa un sistema en crisis.

Desde el Gobierno admiten que las obras sociales ponen todo tipo de trabas para afiliar a los monotributistas, debido a que el aporte mensual que hacen estas personas es muy bajo. Por otro lado, si en el marco de ese déficit recurren al sistema público, también pueden encontrar escollos por el hecho de tener -en teoría- una obra social.

Estos nuevos “ni-ni” -término otrora acuñado para referenciar a los jóvenes sin estudio ni trabajo, resignificado por la falta de acceso a la salud- son protagonistas involuntarios de un escenario paradójico: el Estado supuestamente busca beneficiar al monotributista con el derecho a una cobertura, pero el beneficiario queda atrapado en el relato, perjudicado por el virtual tironeo que se entabla entre la seguridad social y la salud pública.

El conflicto se reproduce año tras año sin solución a la vista. “Hay alrededor de dos millones de afiliados monotributistas en las obras sociales, que aportan en promedio 6 mil pesos por mes, cuando los afiliados en relación de dependencia (más de 12 millones de personas) aportan alrededor de 25 mil”, explica a Clarín una fuente de una de las obras sociales más grandes del país.

El ingreso a una guardia. Los supuestos afiliados a obras sociales quedan atrapados en un limbo.El ingreso a una guardia. Los supuestos afiliados a obras sociales quedan atrapados en un limbo.Con esas cifras, la fuente intenta argumentar por qué las obras sociales no quieren llenarse de monotributistas, en el sentido de que es muy poco lo que estas personas aportan en función de la prestación que tienen derecho de reclamar. Las miradas sobre el tema, efectivamente, dan cuenta de una tensión tóxica entre dos de los tres subsistemas (el tercero es el privado) que integran el concierto sanitario argentino.

“El Estado hace una fiesta y le hace pagar el champagne a las obras sociales”, grafica en diálogo con Clarín Rubén Torres, ex rector de la Universidad Isalud y uno de los sanitaristas más importantes del país. “Las obras sociales, cada vez que les ingresa un monotributista, están perdiendo muchísimo dinero. Esa es la razón del rechazo”.

Torres agrega: “La ley dice que una vez que sos monotributista tenés la obligación de elegir una obra social y si no lo hacés la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) te la asigna. Más allá de que la uses o no, en los papeles la tenés. Entonces si querés atenderte en el hospital público figurás en el padrón como afiliado a una obra social, y por eso empiezan las trabas para la atención en el sistema público”.

Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, considera que “hay un fuerte desincentivo para que las obras sociales afilien a los monotributistas. El problema es que cobran los aportes y no brindan el servicio. No lo admiten abiertamente porque legalmente no pueden, pero lo hacen mediante trabas burocráticas”.

El experto agrega que “los procedimientos en teoría están bastante claros, pero hay un entramado que obstaculiza y expulsa. Por otro lado, si la persona se va a atender al hospital público, el efector debe hacer un trámite de recupero de la prestación a través de la Superintendencia, para que la obra social reembolse el importe, que es muy engorroso”.

El hospital público que atiende a un afiliado de obra social después tiene que pedir el reembolso.El hospital público que atiende a un afiliado de obra social después tiene que pedir el reembolso.Para Rubinstein, el fondo de la cuestión es la inviabilidad del sistema por su fragmentación: “Hay 291 obras sociales sindicales y las dos terceras partes tienen menos de 30 mil afiliados cada una. No son viables y terminan siendo sostenidas con fondos adicionales y cobrando el aporte de afiliados no que atienden”.

Efecto disruptivo

Una investigación titulada “Tres estudios para un nuevo modelo de gestión en la Seguridad Social”, publicada por el Instituto de Investigación de Obras Sociales de Osdepym en 2023, explica que “el efecto disruptivo del monotributo ocurre porque rompe con la lógica de creación y funcionamiento de la justicia distributiva de las obras sociales”.

Analiza que “los afiliados en relación de dependencia y los afiliados monotributistas de la obra social contribuyen de manera muy desigual, en razón de que los que están en relación de dependencia lo hacen según su capacidad económica, mientras que los monotributistas aportan una misma suma independientemente de la categoría a la cual pertenezcan”.

Rubinstein recordó que en 2022 hubo una reforma para que las categorías más altas del monotributo “pagaran un poco más”, pero pese a eso la dimensión del problema excede el parche y la cuestión sigue sin resolverse. La prueba está en que los monotributistas no dejan de ser vistos como una “amenaza” cada vez que se acercan a una obra social a intentar de obtener el carnet.

En la SSS no sólo están al tanto de la situación, sino que este tipo de conflictos figura entre las principales demandas que realizan los usuarios, que incluso tienen a disposición un sitio web para realizar ante ese organismo la denuncia correspondiente.

En cuanto a los reembolsos de las obras sociales al Estado, según datos oficiales en 2023 transfirieron en conjunto 23.215 millones de pesos, esto es menos -inflación mediante- que los 24.340 millones de 2022 y los 30.880 mil de 2021 (plena etapa del Covid). En 2020 habían sido 23.856 millones de pesos y en 2019, 12.189 millones.

Si se excluye el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia -en el que los servicios de salud obviamente estuvieron más exigidos- y se compara 2019 contra 2023, da un incremento del 90 por ciento en los reembolsos de obras sociales en cinco años, cuando la inflación acumulada del periodo superó más de seis veces esa cifra.

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