En busca de oxígeno para llegar al final de su mandato, Alberto Fernández viaja a China en busca de US$ 5.000 millones

Después de una semana de alta tensión en la que el dólar blue superó los $ 1.000 y el Presidente denunció a Javier Milei por sus dichos sobre el peso, el Gobierno buscará reforzar la liquidez y ganar cierto margen de maniobra con la liberación de yuanes por el equivalente a US$ 5.000 millones del swap con China.

Ese será el principal objetivo de la gira que iniciará este jueves a la medianoche Alberto Fernández al país asiático, junto al titular del Banco Central, Miguel Pesce. Allí, intentarán el sábado activar un nuevo monto de libre disponibilidad, pocos días antes de las elecciones presidenciales.

En paralelo, el director de la entidad monetaria, Jorge Carrera, y el vicepresidente y hombre de Sergio Massa, Lisandro Cleri (vicepresidente 2do. del BCRA), viajarán este jueves a la asamblea anual del Fondo Monetario en Marruecos, en medio de las tensiones con el organismo por los «desvíos» del programa y los contactos crecientes del staff con la oposición.

Si bien Massa anticipó que iba a avanzar en una medida para «consolidar las reservas para impedir cualquier ataque especulativo», el acceso a los yuanes no modificará el nivel de reservas. Lo que se espera es que descomprima el pago de importaciones chinas y, eventualmente, pagos al FMI, como en julio.

Hoy, el Banco Central posee US$ 26.000 millones en reservas brutas, un 70% de las cuales corresponden al swap chino por US$ 18.000 millones. De ese total, China autorizó en enero el uso de US$ 5.000 millones y desde junio, ante la pérdida imparable de reservas, se negocia la activación de un segundo tramo por igual monto.

Con reservas netas negativas, el Gobierno necesita fondos para llevar calma y evitar una nueva devaluación, ante la inestabilidad que generó la corrida cambiaria iniciada la semana pasada. Desde entonces, el BCRA perdió más de US$ 1.000 millones y los dólares paralelos subieron hasta un 26%, sin encontrar techo en el horizonte.

Los operativos en la city porteña, la ampliación de los los dólares sectoriales y las restricciones cambiarias no parecen haber dado resultados por ahora. En ese marco, el Central inició el trámite administrativo para disponer de la línea del Banco Popular de China en lo posible a partir del próximo miércoles 18.

La decisión dependerá de la aprobación final de las autoridades chinas, algo que se fue demorando en medio de tironeos por el uso que se le dio al swap, las tensiones con el Fondo por su corrimiento como prestamista de última instancia y la amenaza de Javier Milei de romper relaciones con el gigante asiático si gana la presidencia.

En busca de oxígeno

En esta ocasión, Pesce busca activar el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que tiene cuatro áreas de acción: investigaciones económicas, internacionales (colaboración en el G20, por ejemplo), superintendencia (control de los bancos chinos en Argentina) y operaciones (que incluye el swap).

«Si se activa el swap, les da un poco más de oxígeno para pagar importaciones a China y podría descomprimir un poco la deuda de importadores. La activación no cambia las reservas, lo que te cambia es las reservas disponibles, habría mas liquidez para intervenir con yuanes», estimó el exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel.

Tanto el Gobierno como las autoridades chinas mantienen en reserva las condiciones sobre el intercambio de monedas vigente desde 2009. Lo cierto es que una vez que se active el fondo de libre disponibilidad y se empiece a utilizar, empezará a devengar intereses, una tasa que superaría el 7% anual.

La agenda oficial incluye la liberación de un desembolso de US$ 517 millones para las obras en las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz y el apoyo financiero del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS que preside Dilma Rousseff, tras la integración de Argentina al bloque de economías emergentes.

Después del último desembolso del FMI por US$ 7.500 millones, los analistas estiman que el Gobierno dispone de no más de US$ 3.000 millones en DEGs (la unidad de cuenta del organismo) para afrontar pagos por US$ 3.200 millones hasta el 1 de noviembre. La apuesta es sumar US$ 1.000 millones con la subasta del 5G.

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