El Tercer Malón celebró la nueva Comisión de análisis sobre violencia institucional

Foto Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregón.

El Tercer Malón de la Paz que permanece en vigilia en Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, celebró la creación por decreto de una «Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy» e invitó a organismos internacionales a participar como veedores durante el proceso de implementación.

«Se ha logrado un gran avance, algo totalmente positivo a través de este decreto publicado en el Boletín Oficial para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma inconsulta e inconstitucional impulsada por Gerardo Morales», expresó durante una conferencia de prensa uno de los voceros del Tercer Malón y cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jerez.

Para Jerez la creación de la comisión es «un paso más para avanzar sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy y la nulidad de esta reforma inconstitucional».

«Se ha logrado un gran avance, algo totalmente positivo para garantizar los derechos no sólo de las comunidades indígenas sino de todo el pueblo jujeño que ha sido afectado por esta reforma inconsulta e inconstitucional impulsada por Gerardo Morales»Néstor Jerez «Ahora es necesario poner en práctica este decreto, designar a los representantes del Tercer Malón que junto con la Secretaría de Derechos Humanos y expertos en la materia tendremos 60 días para relevar todas las denuncias sobre violencia institucional y violación de derechos humanos que se ha llevado adelante durante la reforma inconsulta e inconstitucional efectuada por Gerardo Morales y su cómplice (el diputado Rubén) Rivarola», señaló Jerez.

El referente del Tercer Malón convocó a organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Unicef, Amnistía Internacional, entre otros, a participar como veedores de este proceso.

Foto Camila Godoy

Foto: Camila Godoy.

«Este es un logro de todo el pueblo argentino, de los hermanos que están permaneciendo en puntos de las distintas rutas de Jujuy y de quienes seguimos en permanencia aquí frente a Tribunales para continuar reclamando la intervención federal de la provincia, el cese de la represión, persecución e imputaciones con prácticas antidemocráticas y a través de multas impagables a nuestros hermanos», sostuvo Jerez.

La abogada de la organización de Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Mariana Katz, coincidió durante la conferencia de prensa en que la creación de la comisión «es un gran paso» y dijo que «no hay que olvidar que acá hay una responsabilidad internacional del Estado argentino».

«Las autonomías (provinciales) no son absolutas, están limitadas por el cumplimiento de los derechos humanos, dado que ante su incumplimiento, el responsable es el estado nacional», explicó.

«Los hechos ocurridos por la violencia ejercida por el gobierno de Gerardo Morales, su ensañamiento contra el pueblo jujeño dejó mutilados, heridas de gravedad, daño psicológico en nuestros niños y ancianos»Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tusca Pacha de Palpalá Katz también anunció que fueron convocados a una audiencia el jueves con el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen por la presentación efectuada de habeas corpus -para la protección de los representantes de las distintas comunidades y de organizaciones sociales al momento del estallido de los hechos de violencia en la provincia- y que están evaluando qué integrantes beneficiarios de dicho instrumento jurídico serán designados para ir a hablar ante el magistrado.

«Los hechos ocurridos por la violencia ejercida por el gobierno de Gerardo Morales, su ensañamiento contra el pueblo jujeño dejó mutilados, heridas de gravedad, daño psicológico en nuestros niños y ancianos así como el miedo a ser apresados por este señor que no respetó ninguna condición», expresó Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tusca Pacha de Palpalá, Jujuy.

«Este es un logro de todo el pueblo argentino, de los hermanos que están permaneciendo en puntos de las distintas rutas de Jujuy y de quienes seguimos en permanencia aquí frente a Tribunales para continuar reclamando el cese de la represión»Néstor Jerez La columna del Tercer Malón de la Paz partió el 25 del mes pasado desde diversas localidades jujeñas de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas jujeñas; y pasó por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y luego rumbo hacia la Capital Federal. Ingresó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto por la mañana, y por la tarde solicitó una audiencia a la Corte Suprema para pedir que declaren la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna de Jujuy, que aún no le fue concedida.

Así funcionará la Comisión

De acuerdo a lo establecido en el decreto 435/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la Comisión funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estará integrada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 representantes, cuyo desempeño tendrá carácter ad honorem.

El ente tendrá por objetivo receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

La Comisión deberá recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Acnudh, relativas a la actuación de la Policía jujeña durante las protestas realizadas por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.

Luego, deberá elaborar un informe que será puesto en conocimiento del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, para lo cual tiene un plazo máximo de 60 días.

Decreto 435/2023 by Télam on Scribd

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